miércoles, 2 de noviembre de 2011

El Estado pagará 650 euros al año por el seguro privado de salud de cada funcionario

La Mutualidad de los Funcionarios Civiles del Estado (Muface) pagará 4.013 millones de euros para cubrir el seguro de salud de sus mutualistas en 2012 y 2013. Este precio supone un aumento del 2% respecto a la prima fija aplicada en 2011 y 2010, y del 3,25% en la variable. Esto supone 650 euros al año por funcionario.
Las aseguradoras consideran que este incremento “es insuficiente para mantener la estabilidad del modelo (Muface) a medio y largo plazo”, aunque valoran el esfuerzo de la Administración en un entorno de difícil situación económica, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las compañías de seguros sanitarias.
El vicepresidente de esta institución, Luis Mayero, apunta que el escaso incremento de la prima “puede provocar que algunas aseguradoras que lo suscriban tengan que recortar los cuadros de médicos y de hospitales porque los precios son insuficientes para sufragar los gastos reales”.
Las aseguradoras consideran que este incremento “es insuficiente para mantener la estabilidad del modelo (Muface) a medio y largo plazo”, aunque valoran el esfuerzo de la Administración en un entorno de difícil situación económica, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las compañías de seguros sanitarias.
El vicepresidente de esta institución, Luis Mayero, apunta que el escaso incremento de la prima “puede provocar que algunas aseguradoras que lo suscriban tengan que recortar los cuadros de médicos y de hospitales porque los precios son insuficientes para sufragar los gastos reales”.
Mapfre, Caser y La Nueva Equitativa decidieron abandonar el acuerdo con Muface en el anterior concurso, tras constatar que les suponía pérdidas debido a lo que consideran una insuficiente prima fijada por la Mutualidad.
Adesla
s, Asisa y DKV cubren a los 1,28 millones de funcionarios, y sus familiares, que el año pasado optaron por esta alternativa. Suponen el 82,81% del total de empleados públicos de la Administración civil del Estado. El 17,16% ha preferido acogerse al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

El reparto del negocio
Adeslas tienen el 39,8% de los asegurados de Muface. Esta entidad ha pasado a integrarse en Mutua Madrileña después de adquirir el 50% y el control de la entidad a La Caixa, que mantiene el restante 50%. Asisa, aseguradora controlada por médicos, da servicio al 30,57% de los funcionarios. DKV Seguros tiene el 12% de los empleados púbicos que optan por la sanidad privada.
Las compañías interesadas en participar en el concurso abierto por este organismo tienen de plazo hasta el próximo 14 de noviembre para presentar sus ofertas y la adjudicación se realizará en diciembre. El concierto se podrá prorrogar por un plazo de un año y en dos ocasiones, de forma que podría llegar hasta 2015.
Las condiciones el nuevo concurso potencian la retribución variable, un sistema de incentivos que se puso en marcha el año pasado y que supuso un ingreso de 27 millones de euros para las aseguradoraAdeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Médico) a cambio de mejorar sus prestaciones.
Estos importes se suman a la prima fija que Muface paga a las entidades en función de la edad de los asegurados.
Las entidades no ven con buenos ojos este sistema ya que, en su opinión, genera incertidumbre al no tener certeza sobre si la prima se va a recibir y cuándo.

 
COMENTARIO

Pese a que en España contamos con un sistema de salud público que ofrece cobertura sanitaria a todos los ciudadanos y que es considerado uno de los mejores del mundo, el seguro privado de salud ha ido ganando adeptos en los últimos años. Lo sorprendente es que en
nuestro país se siga haciendo distinciones a la hora de dotar de cobertura social a sus ciudadanos. ¿ Por qué se ha de defender un sistema diferente para los empleados públicos?
¿ Es realmente necesario? la coyuntura económica en la que estamos actualmente sumidos conduce al Estado a llevar a cabo un sistema de medidas de recorte las cuales nos afectan a todos en mayor o menor medida. Desde luego los empleados públicos son los que más están pagando los errores de las acciones irresponsables del sistema financiero pero me gustaría hacer referencia al hecho de que de los nueve millones de españoles que disponen de un seguro privado de salud, unos dos millones y medio son funcionarios del Estado. El colectivo de empleados públicos del Estado, los funcionarios de la rama judicial y los militares acceden a la sanidad privada a través de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MGF (Mutualidad General Judicial). Estas mutualidades tienen firmados diferentes acuerdos de colaboración.
 Todo ello hace replantearse algunas políticas que como es ésta, datada del año1963, por la Ley 109 de 20 julio de Funcionarios Civiles del Estado  y, especialmente, la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y el Decreto 843/1976, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
Antes de estas disposiciones el panorama mutualista de las funcionarios civiles españoles era variado e inseguro, existiendo un total de 65 mutualidades, que no cubrían las prestaciones de todos los funcionarios (pues llegaron a estar excluidos hasta 100.000 personas).

El sistema de Insalud se implantó en el año 1978, unos años más tarde a esta ley. ¿Por qué no optar por tener un buen sistema de cobertura médica y social para todos? Quizá sea hora de hacer un correcto y profundo estudio del sistema para proporcionar una buena politica sanitaria que en momentos como este donde andamos escasos de recursos es innecesaria una doble cobertura.

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