Canción "Dinhero e Meu". Artista Angelo Boss

Chic@s esta canción tan ritmosa muestra las dos caras de Angola, su pobreza por un lado y su centro donde encontramos edifícios (la mayoría de ellos bancos) bastante altos que se podrían confundir con otros de cualquier capital europea. Aunque el grupo es Angolés, no he encontrado dónde ha sido rodado este video, pero bien podría ser el centro de Luanda. Para vuestro conocimiento Luanda, capital de Angola, es la ciudad más cara del mundo. Yo misma vi hace poco en unos mercadillos como el precio de una lechuga es de 20 euros al cambio.

Espero que os guste...

La ruta de las que van a ser violadas

                                                                                        

Esta foto ha sido la elegida para ser comentada porque me ha impactado tanto o más que el contenido de la noticia. Tuve la suerte, estos días atrás, de pasar una corta estancia en Argentina y echando un vistazo a las páginas sobre noticias internacionales de “La voz del interior” quedé ensimismada con la crudeza de la información.

La esperanza de alcanzar el sueño americano hace que cada día miles de centroamericanos, de los cuales la mayoría son mujeres (57% de los migrantes de Guatemala y el 54% de El Salvador y Honduras) recorran una angustiosa travesía por México de cinco mil kilómetros, en las que estas mujeres padecen todo tipo de abusos.

Se estima que entre seis y ocho de cada 10 mujeres centroamericanas son violadas a su paso por México ya que caen en redes de la organización criminal de Los Zetas o Cárteles de la droga, por ello antes de dejar sus países, toman sus precauciones: muchas se inyectan Depo-Provera, un compuesto anticonceptivo de libre venta en farmacias el cual  impide la liberación del óvulo durante tres meses con una eficacia del 97%. Este fármaco que fue introducido en la región por los países ricos como método de esterilización masiva, para evitar el crecimiento de la población de las naciones pobres ha sido denunciado por algunas ONG en Latinoamérica por tratarse de una droga peligrosa para la salud.

Otras optan por buscarse “maridos” durante el trayecto, se unen a grupos de hombres migrantes como ellas, escogen uno y llegan con él a un acuerdo: protección a cambio de relaciones sexuales. Todo, con tal de evitar la enorme cadena de violaciones a sus derechos humanos y de extorsión que sufren incluso por parte de las autoridades mejicanas que también requieren sexo como moneda de cambio para dejarlas pasar por México.

A modo informativo, me gustaría puntualizar que cada año, unos 150 mil indocumentados (la mayoría provenientes del centro del continente) ingresan en México vía terrestre. Sus principales medios de transporte son autobuses, camionetas, tráilers, y en menor medida, el tren.

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) ubica a Tapachula y la región de Los Altos, en Chiapas, y Tenosqiue, en Tabasco, como las puertas de entrada de los migrantes. Estos caminos se unen en Veracruz, donde confluyen las rutas Pacífico y Golfo, según Amnistía Internacional

Los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California integran la ruta de mayor riesgo para los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, coinciden autoridades y organismos de derechos humanos.

En estas siete entidades, los extranjeros ilegales son víctimas de secuestro, robo, extorsión por parte de la policía y del crimen organizado, violación, prostitución y xenofobia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional concuerdan con que el secuestro es el principal peligro que enfrentan los migrantes, desde hace al menos tres años.

En su Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México 2011, la CNDH detalló que en el sur del país ocurren más de la mitad de los secuestros; en el norte, un 12%; en el centro, 1.2%. Y en el 32% de los casos, las víctimas no identificaron el lugar donde fueron privados de su libertad.

El caso más representativo de esta problemática fue el hallazgo hace un año de 72 cuerpos de migrantes en una fosa localizada en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México.  Las autoridades mexicanas concluyeron que integrantes del grupo delictivo Los Zetas estaban detrás del crimen. Este clan, conformado originalmente por ex militares de élite que operaba como un brazo del cártel del Golfo, ha sido acusado de tráfico, secuestro y extorsión de migrantes.

Pero el Instituto Nacional de Migración de México (INM) considera que el mayor riesgo para los centroamericanos indocumentados es la extorsión por parte de los traficantes de personas (polleros), autoridades y bandas del crimen organizado. Elementos de la policía federal y personal de migración son los principales extorsionadores de indocumentados.

Durante 2010, el INM sancionó, inhabilitó o separó de sus cargos a 450 de sus funcionarios por delitos contra migrantes.

Autoridades y asociaciones de apoyo a migrantes no han establecido una cifra oficial sobre delitos contra indocumentados en México, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia, por temor o falta de información.

BRUSELAS PROPONE PENAS DE CÁRCEL PARA LOS BANQUEROS QUE MANIPULEN EL MERCADO.

La responsabilidad de bancos y cajas en esta crisis sin precedentes es innegable, también a mi parecer el comportamiento de muchos de sus directivos que todavía no han tirado la primera piedra para afrontar solidariamente el desastre, al contrario, algunos siguen aprovechándose de la buena fe de muchos ciudadanos dispuestos a vendarse los ojos y a permitir que las instituciones internacionales traten de salvar a las corporaciones financieras, para evitar el colapso de la economía mundial.

Resulta casi evidente que algunos gestores de bancos y cajas tendrían que ser incriminados penalmente por su irresponsabilidad en la gestión de unas entidades que han dirigido en beneficio propio al margen de accionistas, clientes y contribuyentes. Pues bien, a la luz de todo lo que estamos comentando y que todos bien sabemos, Bruselas ha decidido tomar cartas en el asunto, ha propuesto una norma que obligará a los Estados miembros a castigar con sanciones penales, incluida la pena de cárcel a los banqueros que incurran en graves delitos, en particular, el abuso de información privilegiada y la manipulación del mercado. La mayoría de los países de la eurozona ya prevén sanciones penales pero países como Austria, Finlandia, República Checa, Eslovaquia o Estonia todavía no los han tipificado y Bulgaria ni siquiera los castiga.

Se propone que para las personas físicas la multa máxima no sea inferior a 5 millones de euros y para las personas jurídicas, que no baje del 10% de la facturación anual. Además se estudia dar capacidad al regulador europeo para que pueda prohibir que las agencias de calificación revisen las notas de los países que pasan por apuros o que han necesitado un rescate financiero. La idea se está considerando. Así el comisario europeo culpó a las agencias del inicio de la crisis financiera pues no vieron a tiempo el problema e hicieron un mal análisis de los riesgos.

A todo ello me gustaría sumar una medida nacional  la de La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la cual deberán remitirse las cajas de ahorros para informar sobre su política de retribuciones para el año en curso (en este caso es el 14 de noviembre la fecha tope) y para años futuros, y describir, entre otras informaciones, la relación existente entre la remuneración a sus consejeros y los resultados según figura en la circular publicada así como de las indemnizaciones, pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual y planes de jubilación.

En conclusión: A todos nos conviene una banca solvente, responsable y alineada con las instituciones democráticas al servicio de la sociedad. La codicia de algunos y la mala gestión de otros han hecho que se tupiera un grandísimo velo sobre la parte positiva del sistema bancario socavando la enorme utilidad que en el pasado nos proporcionaron, cuestiones como la emancipación de amplias capas de la sociedad y sobre todo su acceso a la vivienda no se habrían producido sin un fácil acceso al crédito o incluso algo tan asumido como abrirnos las puertas a un consumo (de vehículos, electrodomésticos, cultura, viajes e incluso educación) que cuando se ha practicado sin excesos ha resultado liberador.

El Estado pagará 650 euros al año por el seguro privado de salud de cada funcionario

La Mutualidad de los Funcionarios Civiles del Estado (Muface) pagará 4.013 millones de euros para cubrir el seguro de salud de sus mutualistas en 2012 y 2013. Este precio supone un aumento del 2% respecto a la prima fija aplicada en 2011 y 2010, y del 3,25% en la variable. Esto supone 650 euros al año por funcionario.
Las aseguradoras consideran que este incremento “es insuficiente para mantener la estabilidad del modelo (Muface) a medio y largo plazo”, aunque valoran el esfuerzo de la Administración en un entorno de difícil situación económica, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las compañías de seguros sanitarias.
El vicepresidente de esta institución, Luis Mayero, apunta que el escaso incremento de la prima “puede provocar que algunas aseguradoras que lo suscriban tengan que recortar los cuadros de médicos y de hospitales porque los precios son insuficientes para sufragar los gastos reales”.
Las aseguradoras consideran que este incremento “es insuficiente para mantener la estabilidad del modelo (Muface) a medio y largo plazo”, aunque valoran el esfuerzo de la Administración en un entorno de difícil situación económica, según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a las compañías de seguros sanitarias.
El vicepresidente de esta institución, Luis Mayero, apunta que el escaso incremento de la prima “puede provocar que algunas aseguradoras que lo suscriban tengan que recortar los cuadros de médicos y de hospitales porque los precios son insuficientes para sufragar los gastos reales”.
Mapfre, Caser y La Nueva Equitativa decidieron abandonar el acuerdo con Muface en el anterior concurso, tras constatar que les suponía pérdidas debido a lo que consideran una insuficiente prima fijada por la Mutualidad.
Adeslas, Asisa y DKV cubren a los 1,28 millones de funcionarios, y sus familiares, que el año pasado optaron por esta alternativa. Suponen el 82,81% del total de empleados públicos de la Administración civil del Estado. El 17,16% ha preferido acogerse al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).
El reparto del negocio
Adeslas tienen el 39,8% de los asegurados de Muface. Esta entidad ha pasado a integrarse en Mutua Madrileña después de adquirir el 50% y el control de la entidad a La Caixa, que mantiene el restante 50%. Asisa, aseguradora controlada por médicos, da servicio al 30,57% de los funcionarios. DKV Seguros tiene el 12% de los empleados púbicos que optan por la sanidad privada.
Las compañías interesadas en participar en el concurso abierto por este organismo tienen de plazo hasta el próximo 14 de noviembre para presentar sus ofertas y la adjudicación se realizará en diciembre. El concierto se podrá prorrogar por un plazo de un año y en dos ocasiones, de forma que podría llegar hasta 2015.
Las condiciones el nuevo concurso potencian la retribución variable, un sistema de incentivos que se puso en marcha el año pasado y que supuso un ingreso de 27 millones de euros para las aseguradoraAdeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Médico) a cambio de mejorar sus prestaciones.
Estos importes se suman a la prima fija que Muface paga a las entidades en función de la edad de los asegurados.
Las entidades no ven con buenos ojos este sistema ya que, en su opinión, genera incertidumbre al no tener certeza sobre si la prima se va a recibir y cuándo.

 
COMENTARIO

Pese a que en España contamos con un sistema de salud público que ofrece cobertura sanitaria a todos los ciudadanos y que es considerado uno de los mejores del mundo, el seguro privado de salud ha ido ganando adeptos en los últimos años. Lo sorprendente es que en
nuestro país se siga haciendo distinciones a la hora de dotar de cobertura social a sus ciudadanos. ¿ Por qué se ha de defender un sistema diferente para los empleados públicos?
¿ Es realmente necesario? la coyuntura económica en la que estamos actualmente sumidos conduce al Estado a llevar a cabo un sistema de medidas de recorte las cuales nos afectan a todos en mayor o menor medida. Desde luego los empleados públicos son los que más están pagando los errores de las acciones irresponsables del sistema financiero pero me gustaría hacer referencia al hecho de que de los nueve millones de españoles que disponen de un seguro privado de salud, unos dos millones y medio son funcionarios del Estado. El colectivo de empleados públicos del Estado, los funcionarios de la rama judicial y los militares acceden a la sanidad privada a través de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MGF (Mutualidad General Judicial). Estas mutualidades tienen firmados diferentes acuerdos de colaboración.
 Todo ello hace replantearse algunas políticas que como es ésta, datada del año1963, por la Ley 109 de 20 julio de Funcionarios Civiles del Estado  y, especialmente, la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y el Decreto 843/1976, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo.
Antes de estas disposiciones el panorama mutualista de las funcionarios civiles españoles era variado e inseguro, existiendo un total de 65 mutualidades, que no cubrían las prestaciones de todos los funcionarios (pues llegaron a estar excluidos hasta 100.000 personas).

El sistema de Insalud se implantó en el año 1978, unos años más tarde a esta ley. ¿Por qué no optar por tener un buen sistema de cobertura médica y social para todos? Quizá sea hora de hacer un correcto y profundo estudio del sistema para proporcionar una buena politica sanitaria que en momentos como este donde andamos escasos de recursos es innecesaria una doble cobertura.