Esta foto ha sido la elegida para ser comentada porque me ha impactado tanto o más que el contenido de la noticia. Tuve la suerte, estos días atrás, de pasar una corta estancia en Argentina y echando un vistazo a las páginas sobre noticias internacionales de “La voz del interior” quedé ensimismada con la crudeza de la información.
La esperanza de alcanzar el sueño americano hace que cada día miles de centroamericanos, de los cuales la mayoría son mujeres (57% de los migrantes de Guatemala y el 54% de El Salvador y Honduras) recorran una angustiosa travesía por México de cinco mil kilómetros, en las que estas mujeres padecen todo tipo de abusos.
Se estima que entre seis y ocho de cada 10 mujeres centroamericanas son violadas a su paso por México ya que caen en redes de la organización criminal de Los Zetas o Cárteles de la droga, por ello antes de dejar sus países, toman sus precauciones: muchas se inyectan Depo-Provera, un compuesto anticonceptivo de libre venta en farmacias el cual impide la liberación del óvulo durante tres meses con una eficacia del 97%. Este fármaco que fue introducido en la región por los países ricos como método de esterilización masiva, para evitar el crecimiento de la población de las naciones pobres ha sido denunciado por algunas ONG en Latinoamérica por tratarse de una droga peligrosa para la salud.
Otras optan por buscarse “maridos” durante el trayecto, se unen a grupos de hombres migrantes como ellas, escogen uno y llegan con él a un acuerdo: protección a cambio de relaciones sexuales. Todo, con tal de evitar la enorme cadena de violaciones a sus derechos humanos y de extorsión que sufren incluso por parte de las autoridades mejicanas que también requieren sexo como moneda de cambio para dejarlas pasar por México.
A modo informativo, me gustaría puntualizar que cada año, unos 150 mil indocumentados (la mayoría provenientes del centro del continente) ingresan en México vía terrestre. Sus principales medios de transporte son autobuses, camionetas, tráilers, y en menor medida, el tren.
El Instituto Nacional de Migración de México (INM) ubica a Tapachula y la región de Los Altos, en Chiapas, y Tenosqiue, en Tabasco, como las puertas de entrada de los migrantes. Estos caminos se unen en Veracruz, donde confluyen las rutas Pacífico y Golfo, según Amnistía Internacional
Los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California integran la ruta de mayor riesgo para los migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, coinciden autoridades y organismos de derechos humanos.
En estas siete entidades, los extranjeros ilegales son víctimas de secuestro, robo, extorsión por parte de la policía y del crimen organizado, violación, prostitución y xenofobia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional concuerdan con que el secuestro es el principal peligro que enfrentan los migrantes, desde hace al menos tres años.
En su Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México 2011, la CNDH detalló que en el sur del país ocurren más de la mitad de los secuestros; en el norte, un 12%; en el centro, 1.2%. Y en el 32% de los casos, las víctimas no identificaron el lugar donde fueron privados de su libertad.
El caso más representativo de esta problemática fue el hallazgo hace un año de 72 cuerpos de migrantes en una fosa localizada en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México. Las autoridades mexicanas concluyeron que integrantes del grupo delictivo Los Zetas estaban detrás del crimen. Este clan, conformado originalmente por ex militares de élite que operaba como un brazo del cártel del Golfo, ha sido acusado de tráfico, secuestro y extorsión de migrantes.
Pero el Instituto Nacional de Migración de México (INM) considera que el mayor riesgo para los centroamericanos indocumentados es la extorsión por parte de los traficantes de personas (polleros), autoridades y bandas del crimen organizado. Elementos de la policía federal y personal de migración son los principales extorsionadores de indocumentados.
Durante 2010, el INM sancionó, inhabilitó o separó de sus cargos a 450 de sus funcionarios por delitos contra migrantes.
Autoridades y asociaciones de apoyo a migrantes no han establecido una cifra oficial sobre delitos contra indocumentados en México, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia, por temor o falta de información.